Un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba revela que solo uno de cada tres ciudadanos percibe a las escuelas como entornos seguros, mientras que un 81,9% critica la eficacia de las políticas estatales preventivas.

El 78,9% de los chilenos afirma que las situaciones de violencia entre estudiantes en los colegios son frecuentes o muy frecuentes, según reveló una encuesta nacional desarrollada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba. El estudio, aplicado mediante entrevistas telefónicas, expone un profundo deterioro en la percepción de seguridad dentro de las comunidades educativas del país: solo el 36,6% de los consultados considera que los establecimientos escolares son espacios seguros para niños y adolescentes.

La investigación arrojó que la ciudadanía identifica la violencia psicológica, la violencia física y el ciberacoso como las manifestaciones más comunes de este fenómeno. De acuerdo con el análisis del Observatorio Social, esta combinación de factores demuestra que el problema no se limita a las aulas, sino que se propaga fuera del ámbito escolar y se amplifica a través de las redes sociales.

Radiografía de la convivencia escolar

La preocupación ciudadana excede los límites de los planteles educativos. Un 52% de los encuestados calificó como “muy preocupante” la violencia juvenil en general. Asimismo, el 79,9% de la muestra sostuvo que la violencia no es un fenómeno exclusivo de la juventud, sino que se encuentra extendida a todas las generaciones, evidenciando que la opinión pública entiende este problema como parte de un entramado social global y no como un rasgo aislado de la adolescencia.

Factores de origen y el rol de las familias

Al indagar en las causas de la violencia juvenil, los participantes apuntaron principalmente a tres factores: la falta de disciplina en el hogar, el consumo de drogas y alcohol, y la influencia de las redes sociales.

En sintonía con este diagnóstico, dos de cada tres personas (aproximadamente el 66,6%) sostienen que la principal responsabilidad de prevenir la violencia escolar recae en los apoderados, situándolos por sobre el rol de la propia escuela y del Estado. El informe técnico destaca la existencia de una encrucijada compleja en la opinión pública, dado que los hogares son evaluados simultáneamente como la fuente principal del problema y como los primeros encargados de proveer una solución.

Severo cuestionamiento a la gestión del Estado

El estudio expuso una evaluación críticamente transversal respecto al rol institucional. El 81,9% de los encuestados manifestó que el Estado chileno carece de una política eficaz para prevenir la violencia juvenil, instalando una demanda por intervenciones públicas más integrales y sistemáticas.

En cuanto a los mecanismos de solución propuestos por la ciudadanía, las alternativas con mayor respaldo técnico y comunitario se orientan hacia la intervención temprana y el soporte profesional:

• Participación de apoderados: Un 25,5% considera prioritaria la inclusión de los padres en programas preventivos.
• Autoridad docente: El 21,6% opta por dotar de mayor autoridad a profesores y directivos.
• Apoyo profesional: Un 21% se inclina por reforzar la orientación psicológica en los colegios.

Por el contrario, la opción de una expulsión más rápida de los estudiantes que ejercen violencia obtuvo apenas un 13,1% de apoyo, confirmando que la población prioriza las medidas de prevención, formación y acompañamiento por sobre los castigos de carácter punitivo. Adicionalmente, un tercio de los encuestados manifestó una alta disposición a integrarse en programas comunitarios locales para mitigar estas conductas en sus respectivas comunas.

Ficha técnica del estudio

El levantamiento de la información se realizó entre el 17 y el 25 de julio de 2025 mediante el sistema CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Computadora). La muestra probabilística contempló 1.000 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en 70 comunas que concentran el 70% de la población nacional. El estudio cuenta con un margen de error del 3,1% bajo un supuesto de aleatoriedad simple y un 95% de nivel de confianza, con datos ponderados por sexo y edad según los parámetros del Censo 2017 procesados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y sus proyecciones para 2025.